Decisiones que pesan








La Corte Constitucional decidió darle la razón a Mónica Roa, abogada activista en derechos de género, sobre la tutela que interpuso, con otras 1.198 mujeres, para que la Procuraduría General de la Nación rectificara algunas posiciones institucionales que venía manifestando, de manera formal, sobre temas que competen a las mujeres, sus cuerpos y sus derechos sexuales y reproductivos.


Por: EL ESPECTADOR


Las preferencias morales y religiosas de Alejandro Ordóñez —que son respetables en su casa, en su fuero interno, en como quiera llevar su vida— han afectado en ocasiones sus juicios como funcionario público. En especial sobre derechos constitucionales que la sociedad ha logrado en sus avances. Parece como si quisiera entorpecer estos saltos y usar su poder para que tengan un camino más difícil. Sobre todo, y esto no es secreto para nadie, en lo que tiene que ver con el derecho al aborto, válido en Colombia para tres casos a través de una sentencia que la misma Corte Constitucional profirió y que fue provocada, también, por una demanda de Mónica Roa.


¿Qué dijo la Corte en esta ocasión? Le dio a Ordóñez un plazo de 48 horas para admitir públicamente que fue errado hablar de “campañas masivas de promoción del aborto como derecho”, para desmitificar la mentira de que la llamada píldora del día después es abortiva, como no se cansó de decirlo, y para que manifieste que no existe en Colombia la objeción de conciencia institucional, sino la individual. Es decir: un médico puede objetar, un hospital no. Palabras más, palabras menos, que se retracte, que admita que se equivocó al dar estas declaraciones.


Esto demuestra que por más que el señor procurador insista en que sus convicciones personales no interfieren en su gestión, los hechos lo contradicen.

Pero hay más. A Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño, procuradoras delegadas, la Corte les ordenó que aceptaran que la Superintendencia Nacional de Salud está obligada a despejar las trabas para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así como a no dar información equivocada sobre la inclusión del misoprostol en el POS, un medicamento abortivo.


Así las cosas, es de esperar pronto una declaración pública en que procurador y subalternas se disculpen con la sociedad colombiana, en especial con sus mujeres. Básicamente, por decir mentiras. En los asuntos de salud, y sobre todo por parte de una entidad pública, hay que dar siempre una información veraz y confiable, que no ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. Y el aborto, por más que algunos traten de llevarlo a las esferas de la moral y del derecho penal, es, y siempre ha debido ser, un tema de salud pública que atañe exclusivamente a las mujeres.


Decir que el aborto no es un derecho, que la cátedra en derechos sexuales y reproductivos es una campaña masiva de promoción del aborto o que la anticoncepción de emergencia es abortiva, cuando no, es un error gravísimo por parte de un funcionario público, sobre todo cuando tiene la resonancia de Ordóñez. Aunque su reelección parece ya un hecho, mejor sería que entrara de una vez en la política, desde donde sí podría promover libremente campañas contra el aborto y proyectos de ley que dijeran lo que, revestido de su poder judicial, tuvo mal en hacer.


Preocupa, también, que Ilva Myriam Hoyos sea una posible candidata a ocupar la silla vacía del saliente magistrado Humberto Sierra Porto. ¿Alguien que ha pasado por encima de derechos constitucionales convertida en juez del más alto tribunal que los defiende? Sierra Porto fue, ni más ni menos, quien hizo la ponencia. Hay que estar atentos.

Enhorabuena este fallo de la Corte. Recordemos que la retractación pública no borra la falla, pero de todas maneras es muy importante que se dé y se aclaren todos los pormenores que redundarán en favor de las mujeres. Estamos, señor procurador, a la espera.